Sordored.com: Sordos y lengua de signos

El pacto de gobierno suscrito el pasado miércoles entre Federación Socialista Asturiana e Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes no proporcionará mucho trabajo extra al Ejecutivo autonómico en lo que a redacción de proyectos de ley se refiere. A diferencia del acuerdo firmado en 2003, en el que se preveía la elaboración de hasta 23 normas con rango legal, esta vez se limitan a 8 las recogidas en el texto del pacto. Además, siete de ellas estaban ya en el programa electoral de la FSA, por lo que se supone que el Gobierno habría preparado igualmente el proyecto -cosa distinta es la suerte que pudiera correr en el Parlamento- aunque se mantuviese en minoría. Así las cosas, la única novedad es la previsión de sacar adelante una Ley de Lengua de Signos y Apoyo a la Comunicación Oral.
Se trata de la única norma prevista en el programa de IU-BA-LV y no en el socialista en 2007 que la coalición ha logrado trasladar al acuerdo entre las dos fuerzas de la izquierda. Aunque en éste no se detallan explicaciones sobre su contenido, en el documento con el que la candidatura de Jesús Iglesias concurrió a las pasadas elecciones autonómicas se ofrecía una «regulación, a escala autonómica, de la ley por la que se reconoce la lengua de signos española y se regula el derecho a su aprendizaje, conocimiento y uso, y se establecen y garantizan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas, una vez que sea aprobada con carácter nacional».
Otras cuatro de las previsiones legislativas del pacto se incluían en los programas electorales de las dos formaciones firmantes, e incluso dos de ellas figuraban ya en el acuerdo de la pasada legislatura, en la que no llegaron a hacerse realidad. Son la modificación de la Ley de la Función Pública y una Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes en el ámbito sanitario, que en el texto firmado esta semana se refunde con la Ley de Salud y Servicios Sanitarios, cuya promulgación era otra de las ofertas electorales de la FSA. Los dos programas coincidían también en incluir la Ley del Derecho a la Vivienda y la Ley de Calidad de los Servicios Sociales.
El último bloque de normas con rango legal previstas en el acuerdo son las trasladadas directamente del programa socialista, ya que IU no las reflejaba en el suyo: la Ley de Biodiversidad y Paisaje, la Ley de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas y la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres.
Ausencias
La escasez de previsiones legislativas en el nuevo acuerdo llama más la atención cuando se repasan las contempladas en los programas de los comicios del pasado año, ya que había varias coincidencias más que no han pasado al texto del pacto. Entre ellas, la Ley de la Universidad, la Ley de Participación Juvenil, la de Bibliotecas y la de Régimen Local, todas las cuales se habían comprometido a sacar adelante en su anterior experiencia como Gobierno de coalición.
Quizá la explicación al corto número de leyes que los nuevos socios se proponen promulgar en los dos años y medio que quedan de mandato radique precisamente en esa experiencia previa, en la que más de la mitad de los compromisos legislativos iniciales acabaron quedándose en el tintero. En julio de 2003, socialistas e IU-BA (Los Verdes no formaban entonces parte de la coalición) pactaron un total de 23 leyes, pero sólo diez de ellas finalizaron su tramitación. La mayoría de las 13 restantes volvían a figurar en los programas electorales del año pasado, aunque algunas, como la de Archivos, ya no figura entre las previsiones de ninguna de las fuerzas políticas.
Uno de los incumplimientos del anterior pacto fue el de la promulgación de una Ley de Desarrollo Rural. Izquierda Unida, que no gestionaba ese área la pasada legislatura, decidió incluirla en su programa, pero no así la FSA. Curiosamente, y pese a que la consejería del ramo va a pasar ahora a manos de la coalición -su titular será el diputado Aurelio Martín-, el nuevo pacto no contempla esa ley.
Tampoco llegó a buen término en el mandato que concluyó en 2007 la norma destinada a regular la Asturianía en el Exterior, que después fue centro de uno de las numerosos conflictos que enfrentaron a las dos fuerzas de la izquierda en el año y medio en el que vieron rota su alianza. Tanto socialistas como IU-BA-LV se comprometieron en sus programas a sacarla adelante en esta legislatura, pero la coalición se adelantó aprovechando que ya contaba con el borrador completado -lo había elaborado la consejería que encabezaba Francisco Javier García Valledor- y la presentó en la Junta con un texto muy discutido por el PSOE. El apoyo del PP posibilitó la aprobación de la proposición y ahora a los de nuevo socios de gobierno sólo les queda la vía de las enmiendas parciales para darle al texto un contenido que satisfaga a las dos partes del pacto de gobierno.